Tras la huelga estudiantil del 8 de mayo, nuestra camarada Francesca Mercé, activista del
movimiento estudiantil en Elche, tuvo que enfrentarse a una serie de acusaciones tal y como ya
denunciaron la JCPV y el PCPV así como las organizaciones estudiantiles de la ciudad.

A pesar de que todas la pruebas aportadas por la defensa de Francesca, que vienen a evidenciar la
falsedad de las acusaciones vertidas contra ella y la violencia con la que fue tratada por parte de la
Policía Nacional, la fiscalía ha resuelto pedir que sea condenada por atentado a 18 meses de prisión,
12 días de localización permanente, 18 meses de inhabilitación para el sufragio pasivo y al pago de
450 euros en concepto de responsabilidad civil por haberle causado una “erosión” en la muñeca a
un agente de policía.

francesca

Queremos denunciar que la fiscalía está dando primacía de veracidad al testimonio del agente
policial sin atender a las pruebas que han sido presentadas hasta el momento, y que en base a ello
está pidiendo una pena que además de no atender a los hechos que realmente se dieron en las
instalaciones de la consejería de educación, es totalmente desproporcionada.

Nos encontramos ante un intento más de criminalizar a los jóvenes que toman el camino de
organizarse y luchar para defender sus legítimos derechos. La fiscalía no defiende los derechos
básicos de huelga, manifestación y libertad de expresión recogidos en esa Constitución que se nos
presenta como sacrosanta, sino que actúa con toda la contundencia posible contra aquellos que
pretenden poner freno a su violación sistemática en pro del beneficio empresarial.

La misma fiscalía que pone todo su empeño en evitar que la infanta Cristina no se siente en el
banquillo de los acusados, en este caso y por desgracia en muchos otros, se empeña en condenar a
prisión a una joven cuyo único delito ha sido el de no cruzarse de brazos ante los brutales ataques
que está sufriendo la educación pública, sometida a un proceso de privatización y elitización que
está expulsando de nuestras universidades a decenas de miles de estudiantes tan solo por no poder
hacer frente al pago de las tasas.

Nuestra respuesta ante la represión ha sido, es y será la lucha. Por ello hacemos un llamamiento a la
solidaridad con Francesca, ya que la pena que se le pide es una condena dirigida contra el conjunto
del movimiento estudiantil. El Régimen del 78 ya solo es capaz de ofrecer represión ante las
demandas de la juventud y los trabajadores, y es por eso que en estos momentos urge más que
nunca la necesidad de tumbarlo.

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