El PCPV de la Unión Comarcal València i Hortes pide explicaciones al Ayuntamiento socialista de Paiporta por el suicidio este 9 de mayo de un vecino al que iba a desahuciar una comisión judicial acompañada por agentes de la policía local y del cuerpo de bomberos.
 
Asimismo, solicitará al Gobierno valenciano de la Generalitat un informe detallado de los desahucios por impago que se vienen produciendo pese a estar todavía en vigor (hasta el 30 de junio al menos) la normativa de escudo social implementada por el Estado. Normativa, recordemos, que obliga a los grandes propietarios de viviendas a ofrecer alternativas residenciales, entre otras opciones, e igualmente compromete a las Administraciones públicas a proporcionar las ayudas y servicios que puedan ser necesarios.
 
Según hemos conocido por la prensa, este 9 de mayo, un hombre de 54 años se arrojó desde el balcón de su vivienda cuando iban a desahuciarlo. Ejecución que contaba con la presencia, entre otros, de personal municipal.
 
A juicio de nuestra fuerza política, no resulta aceptable, ni admisible, que un Ayuntamiento que se dice progresista defienda los intereses especulativos del fondo buitre propietario de la vivienda (Cerberus) dando la espalda, colaborando en el desahucio, en lugar de respaldar, a un ciudadano del municipio con amplias dificultades económicas, sociales e incluso sanitarias.
 
El Ayuntamiento, el máximo responsable, debía de saber y conocer que se iba a realizar este desahucio y, sin embargo, ni siquiera se abstuvo. Al contrario, participó activamente aportando el personal de policía local y bomberos correspondiente.
 
Como declara, incluso, la alcaldesa anterior, en su día este Ayuntamiento estableció -como otros muchos municipios- protocolos de acción con los bancos y la Justicia para evitar desalojos y dar alternativas y apoyo a las familias en riesgo dentro de su territorio. De modo que, regularmente, el Ayuntamiento recibía de los tribunales las liberaciones planificadas sobre las que servicios sociales debería de intervenir en prevención de los desahucios.
 
Además, según nuestro conocimiento, este Ayuntamiento también aprobó en el pleno municipal el compromiso de que la policía nunca iría a desalojar ni participaría en este tipo de acciones contra las personas y el derecho básico a una vivienda digna.
 
Nuestra fuerza política no puede dejar pasar lo sucedido, porque estos hechos funestos tienen responsables y siempre hay que pedir cuentas, particularmente, a quienes se supone que defienden los intereses de toda la población.
 
Motivos por los que hemos registrado sendas instancias demandando explicaciones e información tanto al Ayuntamiento de Paiporta como a la Conselleria de Vivienda.