Desde el pasado 23 de noviembre, cuando se constituyó la mesa de negociación del III CEV y del nuevo plan de salidas, se vienen desarrollando las negociaciones entre sindicatos y empresa. La empresa, según ha hecho saber, pretende acabar con alrededor de 2.500 puestos de trabajo a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del que se van conociendo poco a poco detalles.
Las intenciones por parte de Telefónica, en una negociación con las tres jurídicas que la integran (Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones), pasan por la salida de aquellas personas nacidas en 1968 y 1969 y los cientos de trabajadores nacidos en años anteriores que decidieron no acogerse al Plan de Separación Individual que, desde el último ERE realizado en 2013, era el formato escogido por la empresa para reducir masa salarial y social y ahorrar costes externalizando trabajos profesionales como la parte concerniente a operaciones.
De manera paralela a este llamado, eufemísticamente, “plan de salidas”, por no denominarlo “despido colectivo”, se están llevando a cabo las negociaciones sobre el nuevo Convenio de Empresas Vinculadas que definirá las condiciones de trabajo de los cerca de 16.000 trabajadores que están bajo su paraguas. Por parte de Telefónica, trasladan los sindicatos que hay una clara intención de dinamitar el sistema de revisión salarial basado en la antigüedad porque, aducen, “responde a otros tiempos”.
El sistema de revisión que pretenden implantar se fundamentaría en criterios de “méritos” siempre a discreción de la empresa. Por lo que concierne a CCOO, se ha mostrado contrario a este retroceso en materia de derechos laborales.
Además, la representación de los trabajadores está negociando la consolidación de derechos y ampliación de los mismos. Así, según trasladan, los ejes de la negociación pivotan alrededor de la mencionada cuestión salarial, el mantenimiento de la cláusula de revisión salarial en base a la subida del IPC, la consolidación y ampliación del teletrabajo o la reducción de jornada (de 37,5 horas a 35 horas semanales, reclama CCOO).
Otro punto importante sobre la mesa de negociación es la deslocalización del trabajo, centralizado a día de hoy en Madrid y en Barcelona, para dar posibilidad de desplazarse geográficamente a los trabajadores que así lo deseen, cuestión que estaría completamente ligada con los repetidos comunicados emitidos por la empresa que hablan de dinamizar la España vaciada y, además, reducirían en buena medida la cantidad de desplazamientos realizados a ciudades masificadas como Madrid o Barcelona.
Aunque desde el PCPV daremos seguimiento a las negociaciones que afectan a una de las principales empresas de telecomunicaciones del mundo y, sin duda, a una empresa estratégica fundamental en España, nuestro posicionamiento pasa por varias líneas:
Rechazamos frontalmente plantear la destrucción de miles de puestos de trabajo a través de la fórmula del despido colectivo para maximizar beneficios por parte de una empresa cuya actividad principal es la provisión de un servicio imprescindible, reconocido como un derecho humano, para la vida en pleno siglo XXI. En consecuencia, consideramos que los criterios que deberían imperar sobre la privatizada compañía deberían pasar por ofrecer las máximas garantías y accesibilidad y no los de la obtención de beneficios aún mayores a los que ya tiene a día de hoy. La destrucción de dicho empleo, además, conlleva la precarización masiva de los ámbitos que ocupaban dichos puestos de trabajo y que ahora pasarán a mano de contratas con condiciones, en muchos casos, extremas.
Aunque mostramos nuestro apoyo al sindicato de referencia, CCOO, en ambas negociaciones, entendemos que es necesario comenzar a plantear las negociaciones en términos de acrecentar la conflictividad que, desde hace años, ha ido desapareciendo en el conjunto de la clase trabajadora y, en particular, en una empresa como Telefónica que, históricamente, ha ido conquistando mejoras laborales y consolidando derechos a través de la misma. Todo ello si la empresa, como parece, pretende introducir una serie de retrocesos en materia de derechos que son inaceptables. También el tensionamiento de las relaciones ofrecerá claramente al conjunto de la plantilla el posicionamiento de todas las partes y, entre los trabajadores más jóvenes, mostrará nítidamente la forma en la que se consolidan derechos.
Sobre el Convenio de Empresas Vinculadas, también nos referenciamos en las mejoras pretendidas por CCOO que situarían a los trabajadores de Telefónica, de nuevo, como punta de lanza en materia de derechos y, además, ofrecerían un buen ejemplo de cómo la mejora en las condiciones de trabajo, el aumento de los salarios y la reducción de jornadas no guarda correlación con la destrucción de puestos de trabajo ni con el cierre de empresas.
Además, exigimos al Gobierno de España que recupere la fórmula que deja en manos del mismo la autorización o no para la ejecución de los ERE y se plantee la necesidad de recuperar empresas estratégicas que, ha quedado demostrado, no pueden jugar a las leyes del mercado siendo susceptibles de injerencias que ponen en peligro, incluso, la seguridad nacional y los derechos de más de 16.000 trabajadoras y trabajadores.
Comunicado tras resolución aprobada en el Núcleo de Telefónica del PCPV
